En un movimiento más en su campaña contra la inmigración, la administración de Donald Trump ha eliminado el Programa Nacional de Representantes Cualificados, afectando a inmigrantes con discapacidades mentales que dependían de asistencia legal. La decisión ha generado críticas de organizaciones de defensa de inmigrantes, que califican la medida de «despiadada y discriminatoria». Esta cancelación ocurre en medio de acciones legales por parte de grupos de abogados, mientras el programa sigue operando solo en unos pocos estados debido a acuerdos judiciales previos. La eliminación de fondos también ha dejado a miles de menores de edad sin representación legal, aumentando el riesgo de deportación para quienes no pueden defenderse en tribunales. El gobierno justifica estas acciones como un esfuerzo para acelerar deportaciones, aunque enfrenta acusaciones de obstaculizar el acceso justo a la justicia para los migrantes.
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