El marco legal recientemente propuesto para la inteligencia artificial establece que su implementación debe regirse por siete principios esenciales: sostenibilidad y bienestar, que garantizan que las tecnologías contribuyan positivamente al medio ambiente y la sociedad; autonomía humana, asegurando que las decisiones finales permanezcan en manos de las personas; privacidad y gobernanza de datos, protegiendo la información personal y asegurando su uso adecuado; ciberseguridad y protección, previniendo los riesgos asociados a amenazas digitales; transparencia, permitiendo el entendimiento y acceso a cómo funcionan los sistemas; equidad y no discriminación, eliminando sesgos y asegurando un trato justo; y responsabilidad, asegurando que haya mecanismos claros para rendir cuentas en caso de fallos o mal uso.
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