Un reciente llamado a la acción por parte de la Electronic Frontier Foundation (EFF) y otras organizaciones de la sociedad civil ha puesto sobre la mesa el debate en torno a la Convención de la ONU sobre delitos cibernéticos. Desde Hanói, donde se abrirá la convención para su firma el próximo 25 de octubre de 2025, los defensores de los derechos digitales advierten sobre las posibles repercusiones negativas que esta legislación podría tener para los derechos humanos.
La Convención, que busca establecer un marco de cooperación internacional para combatir delitos cibernéticos, impone amplios poderes de vigilancia electrónica. Estos permitirían a los gobiernos recopilar y compartir evidencia electrónica a nivel transfronterizo para cualquier delito considerado grave, es decir, aquellos que conlleven una pena mínima de cuatro años de prisión. Sin embargo, organizaciones como EFF destacan la falta de salvaguardias adecuadas para los derechos humanos en este proceso.
En muchos países, actos como expresar opiniones, la manifestación de orientaciones sexuales no convencionales o protestar pacíficamente podrían ser categorizados como delitos graves bajo esta convención. Esto ha llevado a que ciudadanos enfrenten largas penas de prisión e incluso torturas por sus actividades en redes sociales o por mostrar símbolos de resistencia.
La preocupación principal radica en que la Convención podría facilitar la vigilancia política global, permitiendo que gobiernos con tácticas represivas accedan a datos de ciudadanos críticos en el extranjero. La cooperación transfronteriza sin restricciones podría dar lugar a un control más allá de las fronteras, consolidando una infraestructura de vigilancia digital que complicaría los esfuerzos por desafiar estos monitoreos.
Ante estas perspectivas, las organizaciones urgen a los Estados a revisar su participación en la Convención, que carece de un mecanismo para sancionar a aquellos que violen sistemáticamente los derechos humanos. El futuro de la libertad digital depende de las decisiones que se tomen en los próximos días, mientras el mundo observa cómo los gobiernos abordan la encrucijada entre la seguridad y el respeto a los derechos humanos.
