Telefónica ha conseguido un contrato por 12,8 millones de euros para reforzar la ciberseguridad de RedIRIS, la red académica y de investigación española. Esta adjudicación llega tras la cancelación hace dos meses de un contrato previo que involucraba equipos de Huawei, valorado en cerca de 10 millones de euros. La operación fue suspendida a finales de agosto debido a preocupaciones de autonomía estratégica y seguridad digital, en un contexto de presiones internacionales.
El contrato, parte del Plan Nacional de Ciberseguridad y financiado con fondos europeos Next Generation, fue adjudicado a Telefónica en un proceso de licitación restringida en el que fue la única participante. El gobierno español, que no mantiene una lista de proveedores vetados, toma decisiones caso por caso, particularmente cuando la red conecta con centros del Ministerio de Defensa, lo que añade un nivel de sensibilidad.
RedIRIS es una infraestructura crítica que conecta universidades y centros científicos, con una red troncal que supera los 16,000 kilómetros. El nuevo contrato con Telefónica busca mejorar las defensas contra ciberataques y garantizar la continuidad del servicio, mientras se planifica una futura modernización tecnológica.
La cancelación del contrato con Huawei se justificó por razones de soberanía tecnológica y preocupaciones de seguridad digital, especialmente debido a la presencia del fabricante chino en infraestructuras conectadas con Defensa. Mientras tanto, la nueva adjudicación exige a Telefónica implementar medidas para mitigar ciberataques y reforzar la red.
Este episodio evidencia la complejidad de equilibrar la soberanía tecnológica con la competencia efectiva en licitaciones relacionadas con la seguridad de infraestructuras críticas. Para el sector, la decisión de adjudicar el contrato a Telefónica refleja una prudencia creciente en entornos conectados a la defensa nacional.
De cara al futuro, se espera la publicación de un nuevo concurso para la modernización de RedIRIS, que aún no cuenta con un cronograma oficial. Este proceso potencialmente permitirá la participación de una mayor diversidad de proveedores, en línea con los discursos oficiales sobre la búsqueda de un equilibrio entre riesgo y coste.
