La construcción de la red 5G en España se ha convertido en un complejo tablero de decisiones políticas, presiones internacionales y debates sobre soberanía tecnológica. Movistar, la marca de Telefónica, había anunciado una infraestructura completamente basada en equipos europeos. Sin embargo, la realidad presenta matices: los datos de usuarios residenciales seguirán circulando por equipos de Huawei, la empresa china que ha sido objeto de escrutinio por parte de gobiernos occidentales debido a preocupaciones de seguridad.
Tras la guerra de Ucrania, el Gobierno español aprobó una ley que impone restricciones al uso de equipos considerados de alto riesgo en partes críticas de la red móvil, aunque nunca se publicó una lista oficial de fabricantes prohibidos. Esta omisión ha sido vista por algunos analistas como un gesto de precaución hacia China, un socio económico clave para España.
En respuesta a este contexto, Telefónica decidió sustituir a Huawei en el núcleo de su red 5G Standalone, confiando a Ericsson el control del plano de control. Este cambio buscaba limitar la dependencia tecnológica de China, aunque simultáneamente, se ha optado por mantener a Huawei en el plano de usuario para los clientes residenciales debido a razones económicas y operativas.
Desde Telefónica aseguran que, aunque Huawei proporciona la plataforma, la gestión de los datos está en manos de la operadora y viajan encriptados. En cambio, para los clientes corporativos y administraciones públicas, se utilizarán equipos de Nokia, garantizando mayor seguridad en áreas más sensibles.
Esta estrategia evidencia las tensiones entre la soberanía tecnológica y las realidades económicas en el despliegue del 5G. Un reemplazo total de Huawei implicaría un elevado costo en un momento de inversiones significativas y competencia feroz.
La situación se enmarca dentro de un contexto internacional complicado, donde Estados Unidos insta a sus aliados a reducir la dependencia de Huawei, mientras países como Alemania, Reino Unido y Francia anuncian restricciones progresivas. España, en contraste, opta por un enfoque más pragmático, balanceando presiones externas y beneficios económicos internos.
El futuro de la red 5G en España sigue su curso con una estructura híbrida que combina equipos europeos y chinos. Resta ver si la Comisión Europea exigirá un reemplazo completo de los equipos chinos, lo que conllevaría altos costos para Telefónica.
Por ahora, Movistar mantiene su apuesta por una fórmula mixta que busca satisfacer tanto a reguladores como a clientes, en un mundo donde la tecnología y la política están estrechamente entrelazadas. La permanencia de Huawei en la infraestructura 5G española genera un debate sobre la soberanía digital, obligando a reflexionar sobre seguridad y sostenibilidad económica.
