La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha denunciado la existencia de «ajustes perversos y oscuros» en el modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central. Según España, estos ajustes tienen el objetivo de privilegiar de manera descarada la financiación de Cataluña.
El informe elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) también hace referencia a estos ajustes, describiéndolos como «parches arbitrarios» diseñados para beneficiar a territorios específicos, especialmente Cataluña. La consejera andaluza identifica cuatro ajustes perjudiciales que favorecen al independentismo, destacando dos en particular: el IVA de las pymes y el fondo climático.
En cuanto al IVA de las pymes, el nuevo modelo permitiría a las autonomías recaudar directamente este impuesto, un cambio que, según los datos de FEDEA, beneficiaría a Cataluña con un 73,4% del total recaudado, es decir, 1.441 millones de euros de los 1.964 millones previstos.
Por su parte, el fondo climático está destinado a apoyar a las comunidades autónomas en la lucha contra el cambio climático, favoreciendo principalmente a aquellas de la costa mediterránea. Dentro de este mecanismo, Cataluña recibiría 216 millones de euros, lo que representa el 21,5% del total de 1.004 millones.
Carolina España critica que, en conjunto, Cataluña se quedaría con el 56% de los casi 3.000 millones de euros previstos para el fondo climático y el mecanismo del IVA de las pymes. Además de los beneficios económicos, la consejera denuncia otros «ajustes oscuros» que proporcionan ventajas políticas al independentismo catalán, como una mayor participación en el IVA para competencias no homogéneas y la gestión en red.
Según España, estos ajustes han sido diseñados para favorecer a Cataluña, que posee más competencias diferentes que otras comunidades, abriendo la puerta a que la comunidad disponga de los recursos necesarios para eventualmente volver a declararse independiente, como sucedió en 2017.
La gestión en red, según España, podría fragmentar la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), afectando la eficacia de la gestión y la lucha contra el fraude fiscal. La consejera andaluza advierte que esta situación facilitaría que, si el Gobierno catalán decidiera nuevamente buscar la independencia, contaría con los recursos necesarios para hacerlo, desembocando en consecuencias lamentables.
Fuente: Junta de Andalucía.
