La gestión fiscal del Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de María Jesús Montero, ha suscitado intensas críticas debido al aumento de la carga tributaria que experimentan muchas familias españolas. A pesar de las promesas iniciales de no incrementar los impuestos para las clases medias, los datos recientes de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) revelan un cambio notable en la realidad fiscal del país.
Según el análisis de Fedea, este auge de la carga fiscal ha alcanzado un 44% para un trabajador que gana 20.000 euros anuales, lo que se ha traducido en un incremento del IRPF sin que se hayan registrado mejoras en los ingresos reales de los ciudadanos. Esta situación se deriva de la decisión del Gobierno, desde 2018, de no indexar el IRPF a la inflación acumulada, lo que ha conducido a una recaudación récord, pero a costa del poder adquisitivo de las familias.
Para ilustrar el impacto, una familia media con una renta conjunta de 50.000 euros ha visto cómo su factura del IRPF ha aumentado en 736 euros en 2024. Si el Gobierno hubiera ajustado los tramos fiscales al 27% de inflación acumulada desde 2015, la cuota a ingresar habría sido considerablemente menor. Este aumento ha tenido un efecto desproporcionado en las familias de ingresos más bajos.
Los expertos, como Ángel de la Fuente de Fedea, señalan que aunque la inflación ha aumentado la renta nominal, el verdadero poder adquisitivo de los contribuyentes se ha visto erosionado. De ahí que aboguen por una indexación automática de la tarifa del IRPF, como medida para prevenir estas subidas ocultas y poco transparentes.
A pesar de las críticas y la problemática evidente, Montero ha defendido su gestión argumentando que ha impulsado reducciones en la carga tributaria sobre las rentas más bajas. Sin embargo, los datos sugieren que las rentas medias han sido las más afectadas por la falta de actualización de los tramos del IRPF.
Desde el inicio de su mandato, la recaudación del IRPF ha aumentado de manera constante, alcanzando más de 129.000 millones de euros en 2024. Este incremento ha suscitado preocupaciones sobre la opacidad de la política fiscal, que se ha implementado sin cambios oficiales en la estructura del impuesto, lo que ha llevado a los contribuyentes a pagar más al cruzar umbrales fiscales que ya no reflejan la realidad económica.
Algunos analistas advierten que esta «subida fiscal silenciosa» ha penalizado a las clases medias y trabajadoras, con estimaciones que apuntan a un incremento recaudatorio de cerca de 9.700 millones de euros desde 2021 por la no indexación del IRPF. Esta falta de ajuste ha elevado el tipo medio sobre ingresos brutos de una familia media de un 4,87% a un 6,34% en solo un año.
Las promesas iniciales de Montero de no aumentar los impuestos a las clases medias parecen desmentirse ante la evidencia de un incremento en la recaudación a través de mecanismos menos directos. Además de la inacción en la indexación, la ministra ha promovido tributos temporales, como el impuesto de solidaridad, que han generado debate sobre su constitucionalidad y creación poco transparente.
El desajuste en la política fiscal no solo tiene consecuencias económicas inmediatas, sino que también erosionan la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Esto limita su capacidad de consumo, perjudicando el crecimiento económico potencial y afectando a aquellos que sostienen el sistema.
La gestión fiscal actual, más que ser redistributiva, se ha convertido en un lastre para las familias, ya que el Gobierno opta por aumentar la carga sobre las rentas medias y bajas mientras alardea de ingresos récord. Este enfoque ha desencadenado un clamor entre expertos, quienes abogan por una reforma fiscal que garantice transparencia y equidad en la carga tributaria.
Fuente: Partido Popular Andalucía
