Con la Ley 7/2022 en vigor, los municipios en España deben establecer una tasa de residuos pública y no tributaria, específica y no deficitaria, que refleje el coste real del servicio. Esta tasa busca implementar un sistema de pago por generación basado en el principio de «quien contamina, paga», ajustando la cuota según la cantidad y tipo de residuos generados. Se proponen sistemas de pago elemental, medio y avanzado, dependiendo del comportamiento de los usuarios y la integración de tecnologías como contenedores inteligentes. Igualmente, se introducen criterios para calcular cuotas basadas en características objetivas de los inmuebles y actividades económicas, sugiriendo que un buen asesoramiento fiscal podría reducir significativamente dicha cuota. La norma también contempla la incorporación gradual de estos sistemas, enfocándose en el comportamiento ciudadano respecto a la generación de residuos.
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