Un reciente memorándum interno de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos revela que el 30% de las torres de vigilancia pertenecientes al programa Remote Video Surveillance System (RVSS) están inactivas. Este informe pone al descubierto varios problemas técnicos que afectan a unas 150 de dichas torres. Pese a lo alarmante de la situación, fueron las manifestaciones de sorpresa de los líderes del Congreso las que provocaron perplejidad. En respuesta, dichos líderes han remitido cartas al Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, solicitando explicaciones sobre esta deficiencia.
Durante décadas, se ha cuestionado la efectividad de los sistemas de vigilancia en la frontera entre Estados Unidos y México, describiéndose como esfuerzos costosos que no abordan adecuadamente un problema mal definido. A pesar de reconocerse, de manera bipartidista, la ineficacia de estos programas, la tendencia ha sido a incrementar su financiación sin corregir los persistentes fallos. Informes de supervisión han señalado las deficiencias y la inutilidad de las torres de vigilancia desde mediados de los 2000, lo cual suscita cuestionamientos sobre por qué no se han solucionado estas problemáticas en el transcurso de los últimos 25 años. Se sugiere que estas cámaras funcionan más como un espectáculo político; aunque reciben atención inicial, terminan perdiendo relevancia conforme se muestra su ineficacia, mientras que las comunidades fronterizas son vistas como campos de prueba para empresas tecnológicas que buscan sacar provecho de amenazas de seguridad nacional a menudo sobredimensionadas.
El transcurrir de los programas de vigilancia fronteriza ha sido un ciclo repetitivo de problemas. La Patrulla Fronteriza lanza un programa nuevo, con nombres atractivos y promesas grandilocuentes. Pero, años después, las conclusiones de los órganos de supervisión terminan declarando que el programa es un fracaso. Lejos de interrumpir estos programas, las autoridades de seguridad fronteriza se limitan a rebautizarlos y reemprender sus proyectos sin resolver las deficiencias subyacentes. Desde el Integrated Surveillance Intelligence System (ISIS) en los 90 hasta iniciativas posteriores como el Secure Border Initiative (SBI) y sus múltiples iteraciones, el mismo patrón se repite cíclicamente, ocultando bajo nuevos nombres un pasado repleto de errores.
A pesar de las críticas existentes de ambos partidos y de los informes de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental que destacan la falta de eficacia y las irregularidades en la gestión de contratos, Washington sigue impulsando estas tecnologías de vigilancia. Esto se puede explicar en parte porque abordar los problemas fronterizos en términos de crisis humanitarias o reformas de política exterior no es tan atractivo políticamente como propagar la idea de una “invasión fantasma” que justifica respuestas de corte militar. Además, las empresas tecnológicas y los contratistas militares poseen un peso considerable y logran sustanciosos beneficios económicos a expensas de la vigilancia fronteriza, afectando no solo a los contribuyentes, sino también a las libertades civiles de las comunidades fronterizas y a los derechos humanos de solicitantes de asilo y migrantes. La falta de responsabilidad respecto al gasto de miles de millones en tecnologías ineficaces perpetúa una historia de fracasos, sin perspectivas de un cambio significativo en el enfoque abordado.
