Los trabajadores de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona, agotados por la crisis de vivienda y otros desafíos, han intensificado sus protestas al convocar una huelga para el 10 de febrero. La medida, respaldada en asamblea y apoyada por los sindicatos CGT e Intersindical, denuncia los recortes en sus derechos laborales tras un nuevo convenio que, según ellos, favorece a sectores masculinizados en detrimento de los servicios sociales, principalmente feminizados. Los empleados, incluidos aquellos del Instituto Municipal de Servicios Sociales y servicios externalizados, han estado realizando huelgas parciales y asambleas masivas durante semanas, que reflejan su descontento con la falta de medidas de conciliación y descanso adecuadas. A pesar del creciente malestar, el Ayuntamiento ha evitado hacer comentarios sobre el conflicto.
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