El Ministerio de Trabajo de España ha propuesto la creación de la figura del «agente territorial de prevención», una iniciativa que busca reforzar la vigilancia de los riesgos laborales en empresas con menos de diez empleados, donde se registra un alto número de accidentes laborales. Este agente sería designado por sindicatos y patronales, y serviría como extensión de la Inspección para empresas sin representación sindical. La propuesta se enmarca en una negociación prolongada para reformar la ley de prevención de riesgos laborales, que ha tenido desencuentros recientes entre el ministerio y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), destacándose un ultimátum por parte del gobierno. Además, la reforma incluye cambios en los servicios de prevención ajenos, introduciendo la figura del «interlocutor», y atenciones especiales a la salud mental y la crisis climática. Las medidas apuntan a promover el uso de servicios de prevención más efectivos en compañías que subcontratan estas labores. La propuesta, sin embargo, enfrenta dificultades de consenso entre las partes, lo que pone en riesgo su avance en el legislativo, a pesar de la insistencia sindical por acelerar su aprobación.
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