La contratación pública de servicios en la nube en España está experimentando un cambio significativo, transformándose en una infraestructura esencial para el sector público. Según los datos de TendersTool, en 2025 las licitaciones relacionadas con servicios cloud alcanzaron los 146,6 millones de euros, concentrados en apenas 13 grandes contratos. Esto refleja no solo un incremento en el volumen de contratación, sino un cambio estratégico hacia una mayor continuidad y sostenibilidad de sistemas críticos a medio y largo plazo.
Este enfoque hacia contratos menos numerosos pero más importantes conlleva una elevación en las exigencias técnicas. Las entidades estratégicas, al ser las principales protagonistas del proceso de digitalización pública, demandan capacidades maduras en acuerdos de nivel de servicio, trazabilidad, seguridad y modelos de gestión del dato. Estas exigencias requieren de proveedores con capacidad para operar entornos complejos a lo largo de varios años.
El análisis de estos cambios muestra que el crecimiento del cloud público en el sector estatal no implica necesariamente un aumento en el número de licitaciones, sino en la magnitud y la vigencia de los contratos. Para las administraciones públicas, la nube ya no es solo un paso experimental, sino una infraestructura crítica que soporta servicios cotidianos, lo que demanda arquitecturas estandarizadas y una operación fiable y mantenible.
En el contexto internacional, la noción de «nube soberana» ha cobrado fuerza no solo desde el punto de vista regulatorio, sino también como una prioridad estratégica frente a los gigantes tecnológicos globales. Gartner estima que el mercado de IaaS en la nube soberana alcanzará un valor mundial de 80,427 millones de dólares en 2026, implicando un crecimiento del 35,6% anual. Este cambio, conocido como «geopatriación», implica que un 20% de las cargas de trabajo migrarán de proveedores globales a actores locales, con Europa liderando esta tendencia.
En España, la narrativa de soberanía se refuerza con iniciativas como el NubeSARA y el Centro de Procesamiento de Datos (CPD) de la Agencia Estatal de Administración Digital (AEAD) en El Escorial. Estas infraestructuras públicas se presentan como el núcleo del ecosistema digital de la Administración del Estado, ofreciendo servicios a millones de ciudadanos y numerosos organismos. NubeSARA destaca como una nube privada, soberana y segura, con planes para integrar capacidades avanzadas de inteligencia artificial en un entorno soberano.
El concepto de soberanía cloud, sin embargo, es objeto de debate. La reciente colaboración con Oracle y su Oracle EU Sovereign Cloud ha reavivado discusiones sobre si la verdadera soberanía debe implicar el uso de proveedores locales en lugar de simplemente operar bajo un marco europeo. Esto desafía a las políticas públicas a definir claramente qué constituye soberanía: control de datos, propiedad, operación y reducción de dependencias tecnológicas.
Para los administradores de sistemas y desarrolladores, este cambio implica mayores exigencias en automatización, gobernanza de identidades y planes de continuidad robustos. El avance hacia contratos más grandes y permanentes sugiere una estandarización de entornos y la necesidad de arquitecturas que minimicen la dependencia de un solo proveedor.
En resumen, el sector público en España está consolidando su relación con la nube como una infraestructura crítica, moviéndose hacia un enfoque más técnico y menos ideológico, centrado en asegurar el control y la resiliencia de los servicios públicos frente a desafíos geopolíticos y tecnológicos emergentes.
