En una reciente demanda dirigida a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), un grupo de 24 organizaciones defensoras de derechos civiles y libertad de prensa, entre las que destacan la ACLU, Restore the Fourth y el Brennan Center for Justice, ha exigido transparencia sobre las comunicaciones de ciudadanos estadounidenses recopiladas por el gobierno. Este pedido incluye la divulgación de cuántas de estas comunicaciones han sido almacenadas bajo la Sección 702 de la Ley de Enmiendas FISA, una disposición que permite la vigilancia de extranjeros desde territorio estadounidense.
Las preocupaciones agrupadas en una carta, respaldada por entidades como Access Now y la Freedom of the Press Foundation, subrayan una creciente desconfianza hacia la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la ODNI por su aparente incumplimiento de promesas de transparencia. «No puede esperarse confianza pública incondicional si se continúan eludiendo compromisos y ocultando datos cruciales» señala el documento.
La Sección 702, en teoría, orientada a la vigilancia de amenazas extranjeras, ha generado una controversia interna debido a la recopilación incidental de datos de estadounidenses comunicándose con contactos en el exterior. Esta práctica resulta en vastos depósitos de información que las agencias, como el FBI, pueden revisar sin necesidad de una orden judicial, cuestionando así las garantías de privacidad.
La Electronic Frontier Foundation (EFF) lleva más de una década abogando por reformas en la Sección 702, introduciendo cambios necesarios para proteger los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, tras la renovación de la ley por dos años más en la primavera de 2024 sin modificaciones significativas, las esperanzas de cambio inmediato se han visto frustradas.
Esta reciente presión en busca de transparencia representa un llamado a las autoridades para reconstruir la confianza pública y aclarar el impacto real de la Sección 702 sobre las libertades civiles. Con el apoyo de diversas organizaciones aliadas, el esfuerzo pretende abrir el camino hacia una vigilancia más responsable y respetuosa con los derechos humanos. La comunidad sigue atenta, esperando que esta solicitud marque el inicio de un proceso necesario de rendición de cuentas gubernamentales.
