Los jueces de Barcelona han decidido que cortar los suministros básicos a los okupas no constituya delito, una medida que podría sentar jurisprudencia en toda España. Esta decisión surge en un contexto donde Cataluña lidera con 7,009 casos de usurpación y allanamiento de morada en 2024, representando el 42% del total nacional. En abril, entrarán en vigor los desahucios exprés, permitiendo resolver estos delitos en 15 días, a pesar de la oposición inicial de partidos como el PSOE, Podemos y Sumar. En 2024, España registró 16,400 casos de usurpación, un 7.4% más que en 2023, reflejando un problema nacional persistente que supone un reto para las políticas gubernamentales, aún percibidas como laxas frente al crecimiento de estos incidentes.
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Tribunal autoriza a propietarios a suspender servicios por conflictos de arrendamiento
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