La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha hecho un llamado al tribunal de apelaciones de California para que reafirme la decisión de desestimar una demanda interpuesta por el CEO de una empresa de vigilancia, Maury Blackman, contra el periodista Jack Poulson. La acción legal, según la EFF, pretendía silenciar los reportajes de Poulson, que fueron críticos hacia Blackman.
El foco del enfrentamiento legal se estableció cuando Jack Poulson cubrió la detención de Blackman, acusado de violencia doméstica grave. Este reportaje se basó en información proporcionada por una fuente confidencial y fue recibido con descontento por parte del ejecutivo. En respuesta a la publicación, Blackman demandó no solo al periodista, sino también a Substack, Amazon Web Services y a Tech Inquiry, la organización sin fines de lucro de Poulson. Su intención era eliminar los artículos de la plataforma online, según informa la EFF.
El tribunal de primera instancia desestimó la demanda, identificándola como un caso de SLAPP (Solicitud Estratégica contra la Participación Pública), una táctica legal que busca amedrentar a voces críticas mediante litigios. La legislación anti-SLAPP de California protege a los ciudadanos de este tipo de demandas, permitiendo así que Poulson continúe con su labor periodística sin temor a represalias.
La EFF defiende la importancia del derecho a informar sobre hechos de interés público, argumentando que el arresto de un CEO involucrado en contratos gubernamentales es un asunto relevante para el público. La organización destacó que la revelación de este tipo de información es un pilar del periodismo que debe ser amparado por la ley.
Blackman, por su parte, sostiene que la cobertura del arresto infringe una orden judicial que sella el caso, una interpretación que ha sido descartada previamente por instancias judiciales superiores. Tanto la Corte Suprema como el Tribunal de Apelaciones de California han enfatizado que la protección que brinda la Primera Enmienda para la publicación de información veraz en temas de interés público supera los intentos de censura como los que Blackman persigue.
Con el caso ahora en manos del tribunal de apelaciones, se anticipa que se reafirme el fallo del tribunal de primera instancia, consolidando una vez más el derecho constitucional a la libre expresión y a la publicación de noticias veraces y relevantes para la sociedad.
