El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ha suspendido temporalmente los aranceles del 10% establecidos por la administración Trump el pasado mes de abril, citando su inconstitucionalidad. Esta decisión responde a una demanda presentada por doce estados y varias organizaciones, y representa un revés significativo para el expresidente, generando reacciones inmediatas en los mercados globales.
Los aranceles, que fueron aprobados mediante una Orden Ejecutiva bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA), se justificaron en ese momento como medidas necesarias debido a las prácticas comerciales de socios extranjeros que supuestamente amenazaban la seguridad nacional. Sin embargo, el tribunal determinó que esta ley no otorga al presidente la facultad de imponer aranceles de forma unilateral. Según la Constitución, estas competencias corresponden al Congreso.
La Casa Blanca ha manifestado su intención de apelar la decisión, y Stephen Miller, asesor de Trump, calificó el fallo como un “golpe de Estado judicial”, criticando la interferencia de “jueces no electos” en asuntos de seguridad nacional. Esta polémica intensificó la incertidumbre en el sector tecnológico, altamente dependiente de componentes extranjeros, y podría repercutir en la economía global.
En un giro paralelo, Elon Musk ha anunciado su salida del cargo de ‘Empleado Especial del Gobierno’, una figura dentro del equipo asesor no oficial de Trump. Musk expresó «desacuerdos fundamentales» con el plan fiscal del expresidente, sugiriendo que aumenta el déficit y compromete la eficiencia gubernamental. Este anuncio añade más presión al ya cuestionado “gobierno en la sombra” liderado por Trump.
La decisión judicial resalta los límites de la autoridad ejecutiva en cuestiones de comercio internacional y reafirma el papel crucial del Congreso en la formulación de políticas económicas. Con el equipo legal de Trump preparando una apelación, el escenario aún está lejos de resolverse, manteniendo en vilo a las empresas afectadas y generando expectativas de posibles represalias políticas. Esta suspensión representa una victoria para los defensores del libre comercio, enfatizando que las medidas económicas de gran alcance deben adherirse a los procedimientos constitucionales y la supervisión legislativa.
