Una activista, que ha permanecido encarcelada desde 2021, ha recibido su octava sentencia tras ser condenada por múltiples cargos de conspiración y propaganda en contra del sistema. Este veredicto se suma a una serie de juicios que han destacado por la controversia en torno a la criminalización del activismo político en el país, reflejando un conflicto persistente entre las autoridades y los movimientos sociales que buscan cambios políticos y sociales significativos. El caso ha generado críticas internacionales y pone de relieve la creciente tensión en torno a la libertad de expresión y la disidencia política.
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