Un tribunal federal de Nueva York ha permitido que avance una demanda crucial que busca frenar la divulgación de información privada de millones de estadounidenses por parte de la Oficina de Administración de Personal (OPM) de Estados Unidos al denominado «Departamento de Eficiencia Gubernamental» (DOGE), vinculado con Elon Musk. La jueza Denise L. Cote, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, negó en parte una moción para desestimar la demanda presentada en febrero en nombre de dos sindicatos laborales y empleados gubernamentales actuales y anteriores de todo el país.
Este fallo representa un avance significativo para los demandantes, ya que el tribunal permitió que prosiguieran las acusaciones de una difusión ilegal de registros personales altamente sensibles a miembros de DOGE. Los demandantes buscan frenar esta divulgación y exigir la devolución de cualquier información ya compartida. Cote dictaminó que los empleados federales «pueden continuar con su solicitud de alivio por mandato judicial bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA)», rechazando la defensa de los acusados.
La corte incidió en que las acciones de OPM fueron descritas como ilegales y peligrosas, desviándose de su operación diaria habitual, y que los acusados de DOGE sobrepasaron límites claramente establecidos por el Congreso. OPM administra enormes bases de datos con información personal de millones de empleados federales, retirados y solicitantes, lo que incluye nombres, números de seguridad social, datos demográficos, e información financiera y de salud, lo que recalca la gravedad de la supuesta violación de privacidad.
La demanda, impulsada por la Fundación Electronic Frontier (EFF), Lex Lumina LLP y el State Democracy Defenders Fund, alega una violación de la Ley de Privacidad de 1974 por parte de OPM y su director interino, Charles Ezell, al compartir registros de personal con DOGE. Entre los sindicatos querellantes figuran la American Federation of Government Employees AFL-CIO y la Association of Administrative Law Judges, pertenencientes a la International Federation of Professional and Technical Engineers Judicial Council 1 AFL-CIO. Everett Kelley, presidente nacional de la AFGE, calificó la decisión judicial como un fuerte mensaje en favor de proteger los datos privados de los ciudadanos que guarda el gobierno.
Cabe recordar que la OPM ha enfrentado problemas de privacidad anteriormente, incluida una notoria brecha de seguridad en 2015 que dejó expuesta la información de 22.1 millones de personas. La Ley de Privacidad de 1974 limita estrictamente la divulgación de registros sensibles por parte del gobierno federal sin el consentimiento explícito de los individuos involucrados, salvaguardando así la confidencialidad de la población frente a posibles abusos en la recopilación y uso de datos personales.
La jueza Cote determinó que la solicitud de un mandato cautelar bajo la Ley de Privacidad puede avanzar según las normas de la APA, pero no directamente bajo dicha ley, una distinción legal que permite que el caso continúe mientras destaca la seriedad de las alegaciones presentadas.
