El presidente ha anunciado la imposición de recargos de entre el 30% y el 100% a empresas extranjeras que no establezcan fábricas en Estados Unidos. Esta medida se justifica con argumentos de «seguridad nacional» y para contrarrestar la «competencia extranjera desleal». La administración busca así incentivar la producción local y proteger la economía nacional frente a influencias globales consideradas perjudiciales.
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