La administración de Donald Trump ha intensificado su ofensiva contra los inmigrantes indocumentados al cancelar contratos con organizaciones que proporcionan asesoría legal a menores no acompañados. Esta decisión afecta a unos 26.000 menores, dejándolos en un limbo legal al eliminar el apoyo de abogados en sus procesos migratorios, exponiéndolos a una posible deportación. Cristel Martínez, una abogada especializada en estos casos, expresa su consternación ante la medida, que obliga a los menores a enfrentarse al complejo sistema migratorio sin representación legal. La cancelación de estos contratos, que habían sido renovados de manera continua desde 2005, sigue un memorando de la Casa Blanca que acusa a las organizaciones y abogados migratorios de manipular el sistema en perjuicio del gobierno. En respuesta, el colectivo legal ha iniciado movilizaciones para defender a quienes consideran los más vulnerables de la sociedad, prometiendo desafiar legalmente la decisión.
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