El Gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas concretas para desmantelar las regulaciones climáticas implementadas en administraciones anteriores, marcando un cambio significativo en su política ambiental. Esta decisión, impulsada por intereses económicos y políticos, ha generado preocupación entre los defensores del medio ambiente, quienes advierten sobre las posibles consecuencias negativas para la lucha contra el cambio climático. Las nuevas directrices buscan reducir las restricciones sobre industrias como la del petróleo y el gas, facilitando su operación, pero también han suscitado críticas tanto a nivel nacional como internacional por el retroceso que representa en los compromisos adquiridos para mitigar los efectos del calentamiento global.
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