La empresa Servinabar, vinculada al ex secretario de Organización del PSOE, está en el centro de la polémica tras revelarse que obtenía un beneficio del 2% del importe de adjudicación de ciertos contratos gubernamentales. Este descubrimiento genera inquietud sobre posibles irregularidades en los procedimientos de contratación pública durante su administración. Las implicaciones de estas operaciones podrían afectar tanto a la credibilidad del partido como a la transparencia en la gestión de recursos públicos. Las autoridades investigan el alcance del caso mientras el panorama político se agita con nuevas demandas de auditoría y rendición de cuentas.
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