Un tribunal ha determinado que un sindicato es «responsable civil subsidiario» en un caso relacionado con la emisión de facturas falsas, obligándolo a cubrir los pagos que no puedan afrontar los cinco individuos condenados en el proceso. Esta decisión implica que, en caso de que los acusados principales no logren satisfacer las indemnizaciones impuestas, el sindicato deberá hacer frente a las obligaciones financieras pendientes. La resolución judicial subraya la responsabilidad extendida que puede recaer sobre entidades vinculadas indirectamente a actividades ilícitas de sus miembros.
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UGT afronta devolución de 40 millones en Andalucía mientras continúa recibiendo subvenciones públicas
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