En un intento por abordar el controvertido plan de control de chats de la Unión Europea, Dinamarca, en su posición de presidente del Consejo de la UE, ha propuesto cambios significativos al enfoque actual. En lugar de imponer un monitoreo obligatorio de chats privados conocido como «órdenes de detección», las nuevas propuestas permitirían que los proveedores de servicios opten voluntariamente por implementarlas, manteniendo la situación actual.
Esta modificación busca suavizar el enfoque previo, incluso llegando al punto de perder el respaldo del propio gobierno danés. Un documento de discusión ha sido distribuido hoy a representantes de países de la UE, con el objetivo de recoger sus opiniones sobre esta propuesta revisada.
El ex miembro del Parlamento Europeo y defensor de la libertad digital, Patrick Breyer, del Partido Pirata, se pronunció sobre el nuevo enfoque, calificándolo como un «triunfo para el movimiento por la libertad digital» y un avance en la protección de la confidencialidad digital. Sin embargo, Breyer resalta tres preocupaciones persistentes.
La primera se refiere a la vigilancia masiva. Aunque voluntaria, la implementación por parte de gigantes tecnológicos como Meta, Microsoft o Google podría derivar en una vigilancia indiscriminada de todos los mensajes privados. La Comisión Europea destaca que un 75% de los datos monitoreados no son relevantes a nivel criminal, lo que supone una violación potencial de derechos fundamentales, según advertencias de expertos legales.
En segundo lugar, se encuentra el «arresto domiciliario digital», que impactaría a usuarios menores de 16 años. Normas bajo el Artículo 6 prohíben la instalación de aplicaciones comunes, aislando a los adolescentes y limitando su empoderamiento.
Por último, la prohibición de comunicaciones anónimas bajo el Artículo 4 (3) obliga a los usuarios a identificarse al crear cuentas, lo que podría inhibir intercambios confidenciales y anónimos, base fundamental para actividades como el periodismo de investigación.
La propuesta danesa, aunque representa un avance hacia una mayor seguridad en línea, aún requiere ajustes significativos. Las posturas extremas de algunos gobiernos de la UE podrían obstaculizar su aceptación, ya que enfrentan el dilema de equilibrar seguridad y derechos individuales.
