Este año, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que promete cambiar el panorama de la regulación del contenido en línea: el TAKE IT DOWN Act. Impulsada por el senador Ted Cruz y la representante Maria Salazar, la legislación pretende abordar el problema de la difusión de imágenes íntimas no consensuadas (NCII) y su versión digital adulterada, conocida como «deepfakes». La iniciativa llega en un momento crítico, con 48 estados ya habiendo implementado leyes para combatir la distribución de NCII.
Sin embargo, la ley ha desatado una ola de críticas por los posibles riesgos que representa para la libertad de expresión y la privacidad de los usuarios. Al centrarse en la eliminación rápida de contenido problemático, sin la debida claridad, algunos expertos advierten que puede abrir la puerta a la censura. El procedimiento que establece podría ser usado para eliminar cualquier imagen con contenido sexual, vulnerando la línea con la satíra, el periodismo y el discurso político.
Otra preocupación es el breve plazo de 48 horas que se concede a las plataformas para retirar el contenido cuestionado. Este requisito, si bien parece razonable, no toma en cuenta las limitaciones de plataformas más pequeñas, que podrían verse colapsadas intentando verificar las reclamaciones a tiempo.
El TAKE IT DOWN Act también carece de medidas que protejan a los proveedores ante solicitudes de eliminación indebidas, lo cual podría resultar en el uso de filtros automáticos que terminan censurando contenido legítimo. Esto afecta directamente el uso de servicios de mensajería cifrada, que podrían verse restringidos al cumplir con la normativa, a pesar de poner en riesgo las comunicaciones privadas y aumentar la vigilancia.
A pesar de las recomendaciones para enmendar estos puntos débiles, el Congreso avanzó con la aprobación del proyecto en mayo de 2025. Las disposiciones centrales del TAKE IT DOWN Act entrarán en vigor en 2026. A medida que esto sucede, se espera que las plataformas sean más transparentes respecto a los contenidos eliminados bajo esta ley, mientras los defensores de los derechos digitales observan con atención en busca de posibles abusos que atenten contra la libertad de expresión.
