El Instituto de Patrimonio Cultural enfrenta controversia tras la suspensión de tres años y un mes impuesta a un trabajador que alertó sobre daños irreparables en 12.000 piezas tras una obra. La medida disciplinaria, dictada por el Ministerio de Cultura, ha generado inquietud en diversos sectores que ven en esta acción una posible represalia contra quien expuso irregularidades internas que comprometen la preservación del patrimonio histórico. El caso suscita interrogantes sobre la protección de quienes denuncian fallos internos en instituciones públicas y las garantías para la adecuada conservación de bienes culturales.
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