Las condiciones de vida en los asentamientos de Huelva y Almería reflejan una realidad alarmante que vulnera sistemáticamente los derechos humanos de las personas trabajadoras migrantes. En estas áreas, donde la mano de obra es esencial para la industria agroalimentaria, miles de individuos residen en infraviviendas construidas con materiales desechados, como plásticos, palets y cartón. Estas viviendas carecen de servicios básicos, como agua potable, electricidad y saneamiento, lo que expone a sus habitantes a condiciones climatológicas extremas y riesgos de incendios.
En la provincia de Huelva, los asentamientos se localizan en municipios como Lepe, Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera. Por su parte, Almería presenta asentamientos en Níjar y El Ejido, donde existe variabilidad en la configuración y distribución de las infraestructuras. En Níjar, predominan concentraciones de chabolas, mientras que en El Ejido, las infraviviendas se dispersan entre los invernaderos, lo que agrava la situación.
Los problemas que enfrenta la población en estos asentamientos son múltiples y profundos. La falta de acceso a servicios básicos, la insalubridad, la inseguridad y la exclusión social son evidentes. Además, la ubicación aislada de estos núcleos dificulta el acceso a bienes esenciales y servicios como el transporte público y emergencias, incrementando la vulnerabilidad de grupos específicos, entre los que se encuentran mujeres, menores y jóvenes ex tutelados.
A pesar de algunos esfuerzos puntuales a nivel local, como la creación de albergues en Lepe y Níjar, las soluciones habitacionales resultan claramente insuficientes para abordar la magnitud del problema. La falta de coordinación entre administraciones y la carencia de políticas públicas efectivas perpetúan una crisis que mantiene a miles de personas en condiciones indignas, sin acceso a derechos fundamentales.
Las consecuencias de esta falta de recursos son devastadoras. La ausencia de servicios básicos ha llevado a que muchas personas vivan en condiciones indignas, expuestas tanto a fenómenos naturales como a riesgos de salud. La insalubridad y la falta de acceso a servicios que garanticen una vida digna provocan un incremento de enfermedades respiratorias, cutáneas y digestivas, además de afectar la salud mental de los habitantes.
Asimismo, la exclusión social se convierte en una característica inherente. La ubicación remota de los asentamientos limita el acceso a la educación, la salud y el transporte público, perpetuando así el ciclo de pobreza y aislamiento. Este contexto impacta considerablemente en los más jóvenes: las niños que crecen en estos entornos carecen de espacios seguros para su desarrollo, lo que afecta su bienestar general y limita sus oportunidades futuras.
Desde el sindicato USTEA se plantean una serie de propuestas fundamentales para mejorar estas condiciones. Entre ellas se encuentran garantizar el acceso a servicios básicos como agua potable y electricidad, así como establecer alternativas habitacionales mediante la creación de una red de albergues y viviendas de alquiler social. Es vital facilitar el empadronamiento en los municipios para asegurar el acceso a derechos básicos, y establecer mesas interinstitucionales que fomenten la coordinación entre administraciones y agentes sociales.
Además, se hace urgente desarrollar programas de salud integral que aborden las necesidades físicas y mentales de estas comunidades, así como implementar medidas de protección para colectivos vulnerables. La regularización extraordinaria de la situación administrativa de las personas migrantes también se presenta como un paso esencial hacia su inclusión social y económica.
La sensibilización y la educación juegan un papel crucial en la erradicación de actitudes xenófobas y discriminatorias. La promoción de eventos interculturales y campañas educativas puede contribuir a construir una sociedad más justa e inclusiva. Por último, es necesario revisar el modelo agroindustrial con un enfoque de derechos humanos, buscando alternativas sostenibles que respeten tanto el medio ambiente como los derechos de los trabajadores.
Estas propuestas tienen como objetivo garantizar una vida digna, fomentar la inclusión social y asegurar el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes, quienes son esenciales para el desarrollo de estas regiones.
Fuente: USTEA.
