El área medioambiental del sindicato andaluz ha lanzado un importante llamamiento a las administraciones municipales en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, instando a la declaración de «Zonas de Bajas Emisiones» alrededor de centros educativos, sanitarios y residencias de personas mayores. Esta iniciativa busca no solo mejorar la calidad del aire, sino también garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades más vulnerables.
Del 16 al 22 de septiembre, la Unión Europea celebra esta semana con el objetivo de fomentar una movilidad más sostenible y crear ciudades más habitables. Coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar, se evidencian los retos que enfrentan muchos alumnos y sus familias, quienes se ven expuestos diariamente a problemas de seguridad, contaminación atmosférica y acústica en sus trayectos hacia los centros educativos.
Particularmente en áreas donde coexisten varios centros educativos en un entorno reducido, la falta de infraestructuras adecuadas —como aceras amplias, transporte público eficiente y alternativas sostenibles— agrava las dificultades. Esta situación no solo genera embotellamientos y aglomeraciones en horas pico, sino que también aumenta el riesgo de accidentes y provoca ansiedad en los familiares, además de contribuir a la contaminación del aire y el ruido.
La Ley de Transición Energética y Cambio Climático proporciona a los ayuntamientos herramientas para mitigar estos problemas mediante la implementación de Zonas de Bajas Emisiones. Sin embargo, muchas ciudades andaluzas aún no han puesto en práctica esta legislación, a pesar de la obligación de establecer estas zonas antes de finales de 2023. Por ello, desde USTEA se solicita a las corporaciones municipales que incluyan en estas Zonas de Bajas Emisiones los alrededores de escuelas, centros de salud y residencias de ancianos.
USTEA propone varias medidas concretas para lograr estos objetivos: limitar la velocidad del tráfico a 20 km/h en estas áreas, ampliar las aceras, mejorar la infraestructura para bicicletas, aumentar la frecuencia del transporte público y ubicar aparcamientos disuasorios en lugares estratégicos. Además, se sugiere la instalación de medidores de ruido y contaminación, así como la renaturalización de las zonas cercanas a estos espacios públicos con vegetación que contribuya a reducir el impacto del calor y la suciedad.
La declaración de Zonas de Bajas Emisiones en entornos educativos y asistenciales no solo mejoraría la calidad del aire y la seguridad, sino que también representaría un paso crucial hacia un futuro más sostenible y accesible para todos.
Fuente: USTEA.