Desde USTEA, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a los repetidos intentos de injerencia por parte de los gobiernos autonómicos del Partido Popular en la labor docente de nuestros centros educativos públicos. Estas administraciones, con un enfoque irresponsable y manifiestamente parcial, atacan la exhibición de banderas y pancartas en defensa de los derechos humanos y la condena del genocidio del pueblo palestino. Afirmamos que estas actuaciones vulneran tanto la misión formativa de la escuela como el marco legal que la sustenta.
De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, la educación busca el desarrollo pleno de la personalidad en respeto a los derechos y libertades. Las leyes educativas han recogido históricamente el compromiso con los derechos humanos y la convivencia democrática. La actual LOMLOE destaca la importancia de la educación en derechos humanos, igualdad de género, cultura de paz y participación democrática. En Andalucía, el Decreto 19/2007 también promueve la cultura de paz y la resolución pacífica de conflictos, lo que convierte en legítimas las actividades educativas que fomentan la paz y los derechos humanos.
La censura de estas acciones por parte de los gobiernos del Partido Popular es una injerencia intolerable en la autonomía docente y la libertad de expresión. Por otro lado, es desalentador ver cómo estos mismos gobiernos acusan a la comunidad educativa de politizar temas sensibles, mientras que su propia conducta es la que más politiza y distorsiona la realidad. Cuestionar el consenso internacional y los derechos humanos fundamentales es inaceptable.
No podemos permitir que la supuesta “neutralidad” que invocan estos gobiernos se traduzca en un silencio cómplice frente al genocidio del pueblo palestino y en la censura de la educación que defiende los derechos humanos. Demostramos que esta doble vara de medir se manifiesta claramente al no cuestionar símbolos y campañas por otras causas, evidenciando así un sesgo ideológico que comienza a ser alarmante.
Reiteramos que la jurisprudencia del Tribunal Supremo únicamente restringe el uso institucional de banderas no oficiales en edificios públicos, no afecta a las actividades pedagógicas que perseguimos en nuestros centros educativos. Desde USTEA, apoyamos firmemente a los equipos docentes y directivos que continúan defendiendo la paz y los derechos humanos, a pesar de las presiones ideológicas y ataques.
Desde nuestra organización, exigimos:
– Respeto a la autonomía pedagógica y a los órganos de gobierno de los centros educativos, manteniendo el compromiso con los valores éticos y democráticos establecidos por las leyes educativas.
– Cese de las presiones sobre equipos directivos y comunidades educativas que decidan integrar la sensibilización en sus proyectos.
– Cumplimiento efectivo de la legislación educativa vigente, que promueve la Cultura de Paz en Andalucía.
– Protección contra la censura política de actividades educativas legítimas y necesarias.
En USTEA, comprometidos con la defensa de la educación pública andaluza, seguiremos trabajando como un espacio de paz, solidaridad y respeto a los derechos humanos. Afirmamos nuestro apoyo al pueblo palestino y exigimos el fin del genocidio, así como la justicia para los responsables de estos crímenes de guerra.
Fuente: USTEA.
