Los gobiernos regionales encabezados por Pérez Llorca y López Miras han intensificado sus acciones en contra de una decisión del Gobierno central que ha resultado en la reducción del caudal del trasvase Tajo-Segura. Esta medida, percibida como un «hachazo» por parte de las administraciones afectadas, ha generado preocupación sobre el impacto que tendrá en la cuenca del Segura, una zona que depende en gran medida de estos recursos hídricos para el sustento de sus actividades agrícolas y el abastecimiento de agua. Las autoridades regionales están movilizándose para revertir esta decisión, argumentando que pone en riesgo la sostenibilidad económica y el bienestar de las comunidades locales.
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