En un fallo trascendental que podría sentar un precedente en la protección de los derechos de los manifestantes, el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito de Estados Unidos ha anulado la decisión de un tribunal inferior que había rechazado un desafío a búsquedas masivas de dispositivos digitales y datos en redes sociales relacionadas con una protesta de vivienda.
El caso, conocido como Armendariz contra la Ciudad de Colorado Springs, se originó después de una manifestación en 2021, en la cual las autoridades policiales detuvieron a varios manifestantes bajo el cargo de obstrucción de una vía pública. Entre los detenidos se encontraba Jacqueline Armendariz Unzueta, acusada de lanzar una bicicleta hacia los oficiales. La policía obtuvo órdenes judiciales para incautar y examinar los dispositivos electrónicos y datos personales de Armendariz. Estas órdenes permitieron una revisión exhaustiva de sus fotos, videos, correos electrónicos, mensajes de texto y datos de localización durante un lapso de dos meses. Además, las órdenes autorizaban una búsqueda ilimitada de 26 términos clave, lo que incluía palabras tan generales como «bicicleta», «asalto» y «derecho».
Sin embargo, el caso tomó un giro crucial cuando el tribunal de distrito desestimó la demanda de derechos civiles presentada no solo por Armendariz, sino también por el Chinook Center, la organización sin fines de lucro que lideró la protesta. La justificación fue que las búsquedas estaban justificadas y que los agentes actuaron bajo la inmunidad calificada. Ante esta decisión, los demandantes, con el respaldo de la ACLU de Colorado y diversas organizaciones defensoras de derechos digitales, apelaron.
El Décimo Circuito, en un fallo dividido de 2-1, concluyó que las órdenes de búsqueda violaban la Cuarta Enmienda debido a su alcance excesivamente amplio y falta de especificidad. Al hacerlo, el tribunal determinó que los oficiales, al implementar órdenes judiciales claramente deficientes, no tenían derecho a la inmunidad calificada, una defensa comúnmente invocada por las fuerzas del orden en casos de violación de derechos constitucionales.
Aunque el tribunal no llegó a abordar las preocupaciones relacionadas con la Primera Enmienda, refiriéndose a la libertad de expresión y asociación, sí destacó el contexto de hostilidad previo a la protesta por parte de las fuerzas policiales, lo que añade un elemento crítico a la revisión de las actuaciones policiales en manifestaciones.
La decisión del Décimo Circuito representa un avance significativo en la lucha contra la inmunidad policial en el contexto de las búsquedas y requisas digitales, reafirmando el derecho a la privacidad de los ciudadanos. El caso regresa ahora al tribunal de distrito para continuar el proceso, manteniendo la esperanza de una mayor reivindicación de los derechos individuales sobre los datos y dispositivos digitales.
