Desde las majestuosas playas de San Diego hasta el árido desierto de Sonora, los paisajes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México ofrecen una belleza impresionante. Sin embargo, esta región se encuentra en el centro de un inquietante desarrollo: el aumento de la infraestructura de vigilancia impulsada por el gobierno federal. La instalación de cientos de torres de vigilancia ha generado preocupación en las comunidades locales, planteando serios cuestionamientos sobre la privacidad y los derechos humanos.
La Fundación Frontera Electrónica (EFF, por sus siglas en inglés) ha sido una de las voces líderes en documentar y exponer las implicaciones de esta expansión tecnológica. En colaboración con residentes, investigadores y grupos de búsqueda y rescate, la EFF ha ampliado significativamente su mapa de vigilancia. En comparación con las 290 torres identificadas en 2023, hoy el número supera las 500, incorporando además aerostatos y sistemas de lectura de matrículas que vigilan la región.
Uno de los esfuerzos más visibles de la EFF es la exposición «Infrastructures of Control» en la Universidad de Arizona, donde se explora la compleja red de infraestructura que sostiene esta «muralla virtual». Asimismo, la fundación ha participado activamente en discusiones municipales, como su reciente intento por persuadir al concejo de Calexico para reconsiderar la instalación de una nueva torre de vigilancia.
Los planes de las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ahora introducen inteligencia artificial junto a cámaras, una combinación que ha encendido las alarmas de los defensores de derechos humanos. Tecnologías como los aerostatos, ya visibles en Santa Teresa, Nuevo México, han sido recibidas con polémica y su implementación se mantiene bajo un escrutinio constante.
En el sur de Arizona, el uso de cámaras Buckeye, inicialmente destinadas para caza, representa una evolución en las tácticas de seguimiento a los cruces fronterizos. Estos dispositivos, disfrazados para evitar ser descubiertos, se ubican estratégicamente, intensificando las preocupaciones sobre la privacidad y la libertad individual de los habitantes.
A medida que el avance tecnológico parece imparable, el debate sobre la ética y legalidad de estas medidas de vigilancia se vuelve cada vez más urgente. La EFF se mantiene firme en su misión por exigir mayor transparencia y abogar por los derechos de privacidad de las comunidades impactadas.
En paralelo, en Ciudad Juárez, México, se implementa la Plataforma Centinela, un sistema de cámaras con reconocimiento facial que promete un control sin precedentes de la población. Este deslizamiento constante de la línea entre seguridad y vigilancia plantea cuestionamientos profundos sobre el futuro de la privacidad a lo largo de la frontera. En un mundo donde la vigilancia se expande, las preguntas sobre los límites de esta tecnología y sus implicaciones para los derechos humanos se tornan cada vez más críticas.
