Las restricciones impuestas al voluntariado y la lenta respuesta oficial en Venezuela tras dos terremotos han generado frustración en quienes buscan a familiares desaparecidos. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, han implementado medidas que dificultan el acceso de equipos de rescate, como USAR13 de España, que finalmente regresó sin ayudar. Las trabas burocráticas también han afectado a bomberos colombianos y locales. El gobierno ha ordenado la militarización de zonas afectadas y ha establecido protocolos estrictos para el ingreso de voluntarios, quienes deben registrarse para recibir permisos de acceso. Estas acciones han desencadenado críticas sobre la gestión de la ayuda, con muchos prefiriendo donaciones directas al desconfiar de las instituciones gubernamentales. Opositores denuncian un bloqueo sistemático a la cooperación internacional y el acceso a áreas devastadas.
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