El fiscal jefe Anticorrupción ha señalado que, aunque se han reforzado los indicios de criminalidad en un caso actual, no considera necesario solicitar el encarcelamiento preventivo del implicado. Esta decisión se basa en la evaluación de los elementos judiciales disponibles, los cuales, a pesar de apuntar hacia acciones delictivas, no justifican la medida cautelar extrema de prisión antes del juicio. La decisión del fiscal busca equilibrar el derecho a la presunción de inocencia con la gravedad potencial de los delitos investigados.
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