Alemania, reconocida a nivel mundial por su firme compromiso con la privacidad y la protección de datos, se encuentra en el centro de una polémica creciente debido a un nuevo paquete de seguridad propuesto por el gobierno que aboga por la ampliación significativa de la vigilancia biométrica. Este paquete, presentado en respuesta a un ataque con arma blanca en Solingen a finales de agosto, busca reforzar las leyes de asilo y otorgar mayores facultades a las fuerzas del orden.
La inquietud ha crecido entre los ciudadanos alemanes debido a que las nuevas medidas planteadas entran en conflicto con el acuerdo de coalición del gobierno, así como con la legislación vigente tanto a nivel europeo como nacional. Entre los elementos más controvertidos está la propuesta de facilitar a las autoridades la identificación de sospechosos mediante la comparación de datos biométricos, tales como audios, videos e imágenes, con información accesible en Internet. Esta iniciativa levanta serias preocupaciones respecto a los derechos fundamentales, ya que podría ser utilizada para rastrear a personas en situaciones tan delicadas como manifestaciones políticas.
El proyecto legislativo también contraviene el recientemente aprobado Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que prohíbe explícitamente el uso de sistemas de reconocimiento facial para la expansión de bases de datos biométricas. Pese a las expectativas de la sociedad civil alemana de que el gobierno evitara un incremento en el uso de dichas tecnologías, el paquete de seguridad sugiriere una ampliación en los poderes destinados a la Oficina Federal para la Migración y el Asilo, permitiendo la identificación de solicitantes de asilo indocumentados mediante datos biométricos.
La propuesta aboga, además, por la implementación de minería de datos a cargo de las fuerzas de seguridad para el uso de prácticas de «policía predictiva», lo que podría comprometer la privacidad y precipitar casos de discriminación racial. Esta preocupación se agrava al considerar el desempeño irregular de los sistemas de reconocimiento facial, los cuales suelen ser menos precisos en personas de color.
Por otro lado, el gobierno alemán busca aprovechar una cláusula del recientemente adoptado Acta de Servicios Digitales de la UE, que permitiría obligar a las plataformas en línea a compartir datos de usuarios con la policía en el contexto de investigaciones de delitos violentos. Esta medida no solo pone en riesgo la libertad de expresión en el entorno digital, sino que también evidencia una falta de prioridad hacia la protección de los derechos fundamentales por parte de la administración actual.
En este clima de tensión, miles de personas han tomado las calles de Berlín para manifestarse contra estas controvertidas políticas de seguridad. Asimismo, diversos expertos y organizaciones de la sociedad civil han alzado la voz para rechazar las proposiciones del gobierno, enfatizando que dichas medidas no solo vulneran derechos fundamentales, sino que también traicionan compromisos políticos previos. En este contexto, se reitera la importancia de defender con firmeza los derechos fundamentales ante estas nuevas propuestas.
