En medio de la polémica, se ha calificado de «criminal» a la persona que entregó el dinero y se ha acusado al Gobierno de permitir su huida a Dubái, sugiriendo una posible complicidad o negligencia en la acción. La controversia se intensifica mientras se cuestionan las decisiones gubernamentales y la fuga queda sin aclarar, incitando preocupaciones sobre la gestión y el control de la justicia a nivel estatal.
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