Los profesionales del sector judicial han exigido la retirada de las leyes actualmente en tramitación que, según su criterio, incrementan la politización del sistema judicial. Argumentan que estas normativas afectan negativamente a dos carreras profesionales clave dentro de la Justicia, sugiriendo que las reformas podrían comprometer la independencia judicial y minar la confianza pública en las instituciones legales.
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