La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía está avanzando en el análisis de las alegaciones presentadas al anteproyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM). Este proceso es parte de un esfuerzo del Gobierno andaluz para desarrollar un texto legal consensuado que responda a las necesidades actuales y futuras, posicionando a Andalucía como un referente en sostenibilidad, según afirmó la consejera Catalina García en el Foro de la Asociación de Constructores y Promotores de Sevilla (GAESCO).
Durante el encuentro, en el que también participaron otras figuras relevantes del ámbito medioambiental, García subrayó la intención de la Junta de conseguir el mayor consenso posible. Este foro, según ella, se presenta como una plataforma de diálogo y reflexión entre profesionales y expertos del sector de la construcción, urbanismo y desarrollo económico sostenible.
García explicó que, luego de que el anteproyecto de ley fuese publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para su consulta pública, se recibieron numerosas aportaciones que están siendo analizadas cuidadosamente. Estas contribuciones son vistas como fundamentales para perfeccionar el texto de la ley.
El anteproyecto de ley tiene un impacto previsto significativo en sectores económicos esenciales para Andalucía, como el agroindustrial, el energético, el minero y el pesquero. La normativa busca agilizar procesos administrativos y fomentar la innovación tecnológica, promoviendo, por ejemplo, la integración de energías renovables y el desarrollo del hidrógeno verde.
Entre los objetivos clave del anteproyecto se encuentra la simplificación administrativa, la reducción de plazos para autorizaciones ambientales de ocho a seis meses y la introducción de la Licencia Ambiental, que reemplazará a la calificación ambiental. Además, la ley promueve tecnologías sostenibles, incentivos fiscales y medidas de economía circular, junto con la creación del nuevo Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía (CAMA).
Catalina García enfatizó que el objetivo final de la LEGAM es equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental, proporcionando a Andalucía una herramienta legal moderna que asegure la sostenibilidad. La consejera concluyó destacando el compromiso de incorporar mejoras derivadas de las alegaciones, con la intención de que la ley sea un referente tanto a nivel nacional como europeo.
Fuente: Junta de Andalucía.