La Junta de Andalucía ha dado luz verde a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) necesaria para la adaptación de los órganos judiciales de los 70 partidos que deben ajustarse a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia antes del 1 de julio. Este cambio supone una reestructuración significativa de las plantillas de funcionarios, transformando los juzgados unipersonales en tribunales de instancia, más conocidos como órganos colegiados. Además de esta transformación, se contempla la creación de 80 nuevas plazas y puestos de jefatura con un complemento salarial, lo que representa una inversión superior a los 3,5 millones de euros anuales asumida por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.
A pesar de que no se alcanzó un acuerdo con los sindicatos de Justicia, el consejero José Antonio Nieto agradeció la colaboración durante las negociaciones. Esta RPT es esencial para cumplir con el calendario de la ley estatal, que obliga a adecuar las estructuras del 82,3% de los partidos judiciales en Andalucía. Las reformas deben concluir para 70 de los 85 partidos existentes en la comunidad antes de julio, los cuales incluyen 9,000 funcionarios. Posteriormente, los partidos de Marbella, Torremolinos y Fuengirola en Málaga deberán adaptarse para el 1 de octubre, y antes de fin de año, los 12 restantes, entre ellos los de ocho capitales y los ubicados en Algeciras, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, y Motril.
La normativa asegura que la adaptación no resultará en una reducción de plazas ni en una pérdida de derechos económicos para el personal. De las 80 plazas nuevas, 60 son de nueva creación, mientras que 20 plazas pasan a ser estructurales, ya que anteriormente eran ocupadas por personal de refuerzo. Nuevos puestos de jefatura, acompañados de complementos salariales, también se crearán como parte de esta reestructuración.
El esfuerzo económico asociado a estas medidas, que incluye también la adecuación de infraestructuras judiciales, recae exclusivamente en la Junta de Andalucía, dado que el Ministerio de Justicia no ha proporcionado fondos para facilitar la implementación de esta ley en comunidades con competencias de Justicia transferidas.
Fuente: Gobierno al día de Andalucía.
