El Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la ministra andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, está llevando a cabo lo que muchos consideran una operación de ilusionismo contable. Esta maniobra se presenta como una gran concesión a las comunidades autónomas, pero en realidad es una estrategia diseñada para apaciguar a los socios separatistas, sobre todo en Cataluña, a costa del resto del territorio español, especialmente Andalucía.
La conocida como “quita de deuda autonómica” ha sido presentada por Montero como una medida solidaria destinada a aliviar la carga financiera de las comunidades. Sin embargo, el verdadero trasfondo de esta decisión es un claro favoritismo hacia Cataluña, que se beneficia desproporcionadamente, mientras que otras comunidades, como Andalucía, enfrentan la realidad de una infrafinanciación significativa.
Montero ha anunciado la condonación de 83.252 millones de euros de deuda autonómica, una cifra que parece generosa pero que carece de un enfoque justo y equitativo. La estrategia del Gobierno implica mutualizar la deuda autonómica al trasladarla a la contabilidad del Estado, lo que no resuelve el problema real de cómo se financian las comunidades. En términos prácticos, esta operación es un riesgo porque no establece ninguna condicionalidad que impida que las autonomías vuelvan a endeudarse sin control.
Tal y como ha advertido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), esta condonación no trae consigo garantías de que las autonomías no incurran en incumplimientos fiscales, lo que representa una invitación a la indisciplina financiera. Esto permite que las comunidades menos responsables continúen con sus prácticas de gasto sin consecuencias.
En el específico caso de Andalucía, el reparto de la deuda condonada se configura de tal manera que, lejos de corregir las desigualdades entre comunidades, las profundiza. De acuerdo con la AIReF y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), la condonación beneficia desproporcionadamente a Cataluña, que se encuentra en una posición financiera relativamente cómoda, mientras que Andalucía, que ha manejado sus recursos de forma más prudente, sigue en una clara desventaja. A pesar de recibir una quita de 18.791 millones de euros, no podrá destinar esos fondos al fortalecimiento de sus servicios públicos esenciales debido a que la regla de gasto limita su uso.
El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha cuestionado abiertamente esta medida, calificándola de “ilusionismo”. Sus declaraciones destacan la indignación de una comunidad que ha sido históricamente leal al sistema de financiación, pero que ahora se siente traicionada con un trato que premia la irresponsabilidad de otras regiones.
Lo preocupante es que esta medida no es un caso aislado, sino un componente de una estrategia más amplia que busca favorecer a Cataluña, en consonancia con las exigencias de partidos como ERC. Hacienda ha logrado que la comunidad catalana reciba 484 millones de euros adicionales, utilizando argumentos discutibles para justificar esta diferencia de trato. Todo esto pone en evidencia la parcialidad del Gobierno y su falta de compromiso hacia Andalucía.
Andalucía, considerada la única comunidad con suficiente peso político para contrarrestar los privilegios que el PSOE está negociando con los separatistas, tiene el deber de liderar la oposición a estas medidas injustas. La sociedad andaluza, unida bajo el liderazgo de Juanma Moreno, debe insistir en su derecho a una financiación justa que refleje sus necesidades reales, lejos de fábulas contables que sólo perpetúan la situación de desventaja.
En conclusión, la ciudadanía andaluza no puede aceptar una farsa contable disfrazada de solidaridad. Es momento de exigir un modelo de financiación que garantice recursos equitativos y justos, que apoyen el bienestar de sus habitantes sin caer en trucos ni manipulaciones políticas. El Gobierno de Sánchez y Montero ha demostrado, una vez más, que sus prioridades no se alinean con las necesidades de Andalucía, y es fundamental que la comunidad se levante para reclamar lo que le corresponde por derecho.
Fuente: Partido Popular Andalucía
