Seis comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana, Cantabria y Baleares, han pedido formalmente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que convoque de manera urgente y presencial la Conferencia Sectorial de Pesca. Esta solicitud surge por la preocupación ante el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028–2034 propuesto por la Unión Europea.
El nuevo marco plantea integrar los fondos pesqueros en un único instrumento financiero, lo que diluiría la Política Pesquera Común (PPC) y eliminaría el apoyo específico que el sector pesquero ha tenido hasta ahora. Además, el presupuesto para pesca se reduciría drásticamente de 6.100 millones de euros a solo 2.000 millones, según la propuesta inicial de la Comisión Europea.
Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, ha manifestado su «enorme preocupación» por este escenario, destacando que el plan «pone en riesgo el presente y el futuro del sector pesquero andaluz y español». Señaló las dificultades que el sector ya enfrenta, como los altos costes operativos, la falta de relevo generacional y la competencia internacional. «Estamos ante un ataque directo a la sostenibilidad económica, social y medioambiental del sector», declaró.
Fernández-Pacheco también enfatizó la importancia de que el Gobierno de España reaccione a esta petición unánime y convoque la Conferencia Sectorial de Pesca para «consensuar una posición común de defensa ante las instituciones europeas».
Las seis comunidades firmantes destacan que la decisión de la Comisión Europea compromete no solo la estabilidad financiera del sector, sino también la equidad entre Estados miembros y la eficacia de las políticas públicas en materia pesquera.
Desde Andalucía, se recuerda que el actual Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) ya sufrió un recorte en el anterior marco financiero, y que una nueva reducción presupuestaria sería insostenible para un sector estratégico. Fernández-Pacheco concluyó afirmando que «defender a nuestros pescadores es defender nuestra identidad, nuestra economía azul y la cohesión territorial de las regiones dependientes de la pesca».
Fuente: Junta de Andalucía.
