La Junta de Andalucía ha dado un paso significativo hacia la normalización de la evaluación continua de las políticas públicas en España al impulsar la Red Española de Evaluación de Políticas Públicas (Redeval). El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, inauguró unas jornadas organizadas por el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) para presentar esta red colaborativa. El principal objetivo es garantizar que las medidas y decisiones adoptadas por las administraciones sean eficaces y mejoren el servicio a la ciudadanía.
Durante el evento, Nieto destacó la preparación de Andalucía en este ámbito, gracias al trabajo continuo del IAAP en la evaluación de políticas públicas. Subrayó que, aunque en otros países ya es una práctica común, España aún no ha logrado implementarla de manera homogénea, a pesar de la existencia de una ley que la respalda. En este contexto, se aspira a que Andalucía sirva como referente a nivel nacional, especialmente con la próxima elaboración de una Ley andaluza de Evaluación de Políticas Públicas.
El encuentro contó con la participación de representantes del Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas del Gobierno de España, ejecutivos autonómicos españoles y estados mexicanos. Nieto reconoció que la Red Nacional de Monitoreo y Evaluación de México, establecida en 2016, ha sido un modelo inspirador para Redeval.
En este acto inaugural, seis de las trece comunidades autónomas que inicialmente participarán en Redeval estuvieron representadas: Aragón, La Rioja, Valencia, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, así como el Ayuntamiento de Valencia y el Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas del Gobierno de España. La intención es expandir la red para incluir otras instituciones, como las Diputaciones provinciales, a medida que se desarrolla.
Para Nieto, es esencial que los responsables políticos no solo se sometan a una evaluación electoral cada cierto tiempo, sino que exista un sistema permanente de seguimiento y evaluación de las acciones de la Administración Pública. De esta forma, se busca identificar el impacto de estas acciones en la ciudadanía y garantizar su efectividad.
Fuente: Junta de Andalucía.
