El 13 de enero de 2025, ANPE, la principal fuerza sindical a nivel estatal para el profesorado de enseñanza no universitaria, ha instado al Gobierno a implementar un incremento salarial superior al 5% para el año 2025 con el objetivo de recuperar parte del poder adquisitivo que se ha perdido en los últimos años. Esta demanda se presenta en un contexto en el que el pacto salarial vigente, firmado para el periodo 2022-2024, ha tenido repercusiones negativas para el personal público.
Desde su formalización, ANPE advirtió que el acuerdo estipulado en 2022 resultaba insuficiente. A pesar de la proyección de una subida del 9,5% para el trienio que se encuentra por finalizar –compuesta de un 8% fijo más un 1,5% variable sujeto a la evolución del IPC–, esta medida no ha conseguido compensar la inflación acumulada y ha derivado en un empobrecimiento del personal docente y del resto de funcionarios públicos. Cabe destacar que, tras un incremento fijo del 2% correspondiente a 2024, se mantiene pendiente la implementación de una subida variable del 0,5%, que aún no se ha reflejado en las nóminas de los empleados públicos.
Además del incremento salarial inmediato, ANPE enfatiza la necesidad de un acuerdo retributivo a largo plazo que aborde la pérdida de poder adquisitivo que ha sufrido el personal desde 2010, tras la aplicación de diversas medidas de recorte salarial debido a la crisis económica. Entre estas medidas, se incluye el recorte en las pagas extraordinarias, que actualmente continúa sin cumplir lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, que estipula que estas pagas deben equivaler a una mensualidad de retribuciones básicas y complementarias. Como resultado, el profesorado del grupo A2 pierde anualmente más de 600 euros, mientras que aquellos del grupo A1 ven reducidas sus remuneraciones en aproximadamente 1.000 euros. Algunos docentes han experimentado una disminución total de más de 15.000 euros en sus ingresos a lo largo de los 14 años de aplicación de estas medidas.
Otro de los puntos destacados por ANPE es la necesidad de una equiparación salarial del profesorado de la enseñanza pública, sin distinción de la comunidad autónoma en la que trabajen. Las disparidades de remuneración entre las distintas regiones son injustificables y en algunos casos pueden llegar a alcanzar los 6.000 euros anuales en función de las retribuciones básicas. Además, existen situaciones de discriminación salarial, como la falta de sistemas de reconocimiento de carrera profesional horizontal en algunas comunidades, lo que impide que los docentes puedan ver incrementado su nivel retributivo sin que eso implique un ascenso de cuerpo. También se evidencia que en determinadas autonomías, los meses de julio y agosto no son reconocidos como tiempo trabajado ni remunerados para los docentes interinos que han prestado su servicio durante al menos cinco meses y medio en el curso académico.
La situación actual del profesorado en España resalta la necesidad de un compromiso serio por parte del Gobierno para abordar estos temas, con el fin de garantizar condiciones laborales justas y equitativas que valoren adecuadamente la labor educativa.
Fuente: ANPE Andalucía.
