Madrid, 14 de octubre de 2026. ANPE, el sindicato más representativo del profesorado de la enseñanza pública no universitaria, ha hecho un llamado al Gobierno para la extensión del derecho a la jubilación anticipada a los 60 años con 30 años de servicio para todo el colectivo docente, así como para la recuperación de los incentivos hasta ahora asociados a este proceso. ANPE se opone enérgicamente a la eliminación de este derecho dentro de la función pública docente y demanda que se realicen las modificaciones normativas necesarias para preservar esta opción.
En la actualidad, la posibilidad de jubilarse anticipadamente únicamente está disponible para aquellos docentes que accedieron a la función pública antes de 2011 y que pertenecen al Régimen de Clases Pasivas del Estado. Este grupo es cada vez más pequeño y envejece sin nuevas incorporaciones. Por el contrario, los docentes que ingresaron después están obligados a prolongar su vida laboral hasta los 66 años y 10 meses, o hasta los 65 si cumplen con el periodo mínimo de cotización, con la perspectiva de que este umbral se eleve a los 67 años en 2027.
ANPE advierte que si se extingue el primer grupo que accede a la jubilación anticipada, la disparidad en el acceso a este derecho pasará de ser una desigualdad entre dos colectivos a la completa eliminación de un beneficio que, hasta hace unos quince años, disfrutaban la mayoría de los docentes.
Francisco Venzalá, presidente nacional de ANPE, ha manifestado que este asunto no solo afecta a quienes están cerca de la jubilación, sino a todos los docentes, incluso a aquellos que tienen una carrera profesional por delante. Venzalá afirma que «la jubilación anticipada facilita el relevo generacional, permite la renovación de las plantillas y evita que quienes han dedicado toda su vida a esta profesión sigan trabajando más allá de los 60 años, enfrentando el desgaste acumulado».
ANPE propone un «modelo flexible» en el que se mantenga la edad ordinaria de jubilación en 65 años, se permita la prolongación voluntaria hasta los 70 años para quienes deseen seguir trabajando, se reconozca el derecho a jubilarse voluntariamente a los 60 años con 30 años de servicio, y se recuperen los incentivos asociados a la jubilación anticipada.
El sindicato enfatiza que estas medidas deben ser integradas en el futuro Estatuto de la Función Pública Docente con rango básico estatal. Sin embargo, Venzalá subraya la necesidad de que, mientras se trabaja en este documento, las reformas pertinentes sean incluidas en una ley sin necesidad de esperar la aprobación del Estatuto.
Además, ANPE también demanda el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y la mejora de las prestaciones asistenciales de MUFACE, con especial atención a las ayudas para el personal jubilado y el acceso gratuito a medicamentos.
Venzalá concluye enfatizando que «la jubilación anticipada no puede ser un derecho reservado a un colectivo abocado a desaparecer». Por ello, incentiva al Gobierno a actuar con prontitud para garantizar que todos los docentes puedan acceder a una jubilación digna y voluntaria tras años de servicio, promoviendo así también el relevo generacional y la renovación de las plantillas.
Fuente: ANPE Andalucía.
