El Gobierno ha destinado 35 millones de euros a medios de comunicación bajo la etiqueta de digitalización, una medida que algunos critican como un intento de proteger su reputación y encubrir problemas de corrupción. En paralelo, la falta de supervisión y el aumento de los impuestos alimentan las quejas de un sector privado debilitado. La oposición también es criticada por su aparente complicidad. A esto se suma la polémica en torno a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), señalada por su gasto en ayuda exterior mientras se descuidan problemas internos. Este escenario, alimentado por el incremento fiscal, genera un clima de descontento hacia lo que algunos llaman «izquierda caviar» y su relación con el Estado. La esperanza de cambio recae en un gobierno post-Sánchez que audite las cuentas públicas y responsabilice a los gestores.
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