El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al primer Plan Estratégico de la Justicia de Andalucía, un ambicioso proyecto que se desplegará entre 2023 y 2030. Este plan se estructura en cinco ejes fundamentales: infraestructuras judiciales, recursos humanos, digitalización, humanización y sostenibilidad, con medidas concretas que ya están comenzando a implementarse en el sistema judicial de la región.
El Plan de Infraestructuras Judiciales, uno de los componentes más destacables, propone intervenciones en la totalidad de los 85 partidos judiciales andaluces. En su elaboración, se ha realizado un detallado diagnóstico de la justicia en Andalucía, donde operan aproximadamente mil jueces y magistrados, 550 fiscales y más de 9.000 funcionarios. Esta dimensión es comparable con la gestión de justicia en varios territorios bajo el Ministerio de Justicia, siendo el País Vasco la única otra región con una planificación similar.
El desarrollo del plan ha contado con la participación activa de profesionales jurídicos, a través de diversas encuestas, talleres y asesorías de expertos. Su borrador fue sometido a revisión pública en 2025, y se completó tras recibir valiosos aportes y los informes preceptivos de órganos consultivos clave.
Uno de los ejes principales del plan se enfoca en la optimización de los recursos humanos. Este eje contempla la formación especializada del personal de justicia, especialmente en competencias digitales, y busca mejorar la distribución del trabajo, facilitando además la conciliación entre la vida personal y laboral. Adicionalmente, se promueve el bienestar y motivación del personal como estrategias para capturar y mantener el talento.
En términos de infraestructuras, el Plan 2023-2030 contempla más de cincuenta nuevos edificios incluyendo las Ciudades de la Justicia en varias ciudades andaluzas. El objetivo es centralizar el 85% de los servicios judiciales en un solo edificio por partido judicial, eliminando la dispersión de sedes y mejorando la accesibilidad para todos.
Otro aspecto crucial es la digitalización, que busca la eliminación del papel en los procedimientos judiciales. A través del Expediente Judicial Electrónico se facilita la realización de trámites de forma íntegra de manera digital, agilizándose así la resolución de incidencias técnicas y optimizando la ciberseguridad.
Asimismo, se incluye un enfoque de humanización de la justicia, priorizando el servicio a usuarios, especialmente los más vulnerables, a través de servicios como el Servicio de Asistencia a Víctimas y Puntos de Encuentro Familiar, con énfasis en la violencia de género.
Finalmente, el plan asegura su sostenibilidad al impulsar medidas como la reducción del consumo energético en sedes judiciales y la implementación de energías renovables.
La implementación del plan será supervisada por un Comité Directivo de Seguimiento y Evaluación, el cual publicará informes anuales sobre los avances. Además, en 2028 se realizará una evaluación intermedia para ajustar el plan según los resultados obtenidos, y se llevará a cabo una evaluación final al término del plan en 2030 para valorar su eficacia global.
Fuente: Gobierno al día de Andalucía.
