El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado un importante paso hacia la modernización de la administración pública al aprobar un nuevo decreto que regula la evaluación del desempeño y la carrera horizontal dentro de la Administración General de la región. Este avance se ha logrado con el apoyo unánime de todos los sindicatos, marcando un hito en la promoción profesional de los empleados públicos sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.
Con la nueva normativa, se introducen dos complementos retributivos progresivos hasta 2030, vinculados tanto a la evaluación del desempeño individual como al desarrollo de la carrera profesional horizontal. Este enfoque busca, entre otros objetivos, fomentar la estabilidad de las plantillas y asegurar un servicio público de mayor calidad al ciudadano. Se espera que las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos mejoren, lo cual podría traducirse en plantillas con menos movilidad, mayor experiencia y, por ende, un mejor servicio.
El decreto implementa acuerdos previos alcanzados en las mesas de negociación y desarrolla la Ley de Función Pública de 2023. Asegura la transparencia, objetividad y equidad en la evaluación del desempeño, combinando la autoevaluación con una doble validación, y prevé la creación de órganos técnicos de revisión que emitirán informes vinculantes. Este sistema busca no sólo evaluar al personal de manera individual, sino también considerar la valoración global de cada unidad administrativa, reforzando la cooperación interna y el cumplimiento de los objetivos públicos.
En caso de una evaluación negativa, se habilitará un Plan de Mejora Individual (PMI), destinado a apoyar y fomentar el desarrollo profesional continuo, en lugar de ser un castigo. La participación en la carrera profesional será voluntaria, pero estructurada en seis niveles progresivos donde los empleados serán evaluados antes de poder ascender, tanto por tiempo en el puesto como por competencias y formación adquirida.
Este nuevo marco normativo no sólo pretende que el progreso profesional dependa de la aptitud y el compromiso del empleado, sino que también se orienta a mejorar la organización y la prestación de servicios públicos, consolidando un nuevo contrato social entre la administración y sus trabajadores. Además, se garantiza la equidad y se incorporan principios de integridad y profesionalidad, considerando la perspectiva de género, la accesibilidad universal y la conciliación.
La implementación del sistema se realizará de manera gradual desde 2026 hasta 2030, en coordinación con el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), que supervisará la gestión por competencias y los programas formativos necesarios. Para supervisar este proceso, se crearán órganos técnicos en cada consejería, agencia u organismo, asegurando así la calidad técnica, la objetividad y la transparencia en el proceso de evaluación. Este nuevo enfoque promete un cambio transformador dentro de la administración andaluza, apoyado en el talento y compromiso de su personal.
Fuente: Gobierno al día de Andalucía.
