El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Patrimonio de Andalucía, que ahora inicia su proceso parlamentario hacia la aprobación definitiva. Esta legislación busca renovar el marco jurídico que regula el patrimonio de la comunidad autónoma, vigente desde hace 40 años, integrando instrumentos jurídicos modernos para una gestión más eficaz y eficiente de uno de los patrimonios autonómicos más grandes de España.
El Consejo Consultivo ha elogiado el texto legal como un modelo de buenas prácticas legislativas. El proyecto promueve la transparencia y simplificación administrativa, garantizando un uso sostenible de los bienes públicos. Establece una definición más amplia del patrimonio andaluz, incluyendo bienes y derechos de la Junta de Andalucía y sus agencias, y propone métodos innovadores para la conservación y valorización del patrimonio. Especialmente, se enfoca en la gestión eficiente de edificios administrativos y el parque móvil, eliminando gastos innecesarios y promoviendo la reutilización y reciclaje.
La norma alinea con los principios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad organizativa, transparencia, y colaboración para administrar y proteger el patrimonio correctamente. La actual ley, datada de 1986, ha sido modificada por diversas normativas, como la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas de 2003 y el Decreto ley de simplificación y racionalización administrativa de 2024, entre otras. Este nuevo marco normativo responde a la necesidad de un inventario actualizado de las propiedades públicas, algo inexistente en anteriores legislaturas.
Recientemente, el esfuerzo de la Junta ha resultado en ingresos de 137 millones de euros mediante la venta de inmuebles no útiles, destinados a servicios esenciales como sanidad y educación. La nueva ley introduce medidas digitales para una gestión más ágil y coordinada, reduciendo trámites y duplicidades. Además, se implementará una plataforma digital de Publicidad Patrimonial accesible al público, que incluirá un inventario actualizado de los inmuebles de la Junta y ofrecerá información sobre su uso y subastas.
Se introducen también proyectos públicos de aprovechamiento y explotación, permitiendo que administraciones territoriales soliciten a la Junta la mejora del uso de bienes patrimoniales. Se refuerzan los procesos de concurso con publicidad y se establece la figura de consulta de interés de mercado para optimizar proyectos y procedimientos de adjudicación.
Finalmente, la normativa apuesta por la economía circular, creando una «bolsa de segunda oportunidad» para reutilizar mobiliario, material informático y vehículos próximos al final de su vida útil. También regula la protección del patrimonio, incorporando un régimen de infracciones y sanciones por daños al patrimonio autonómico, algo nuevo en Andalucía.
Fuente: Junta de Andalucía.
