El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al Proyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (Legam), orientado a renovar el marco jurídico de la comunidad en cuanto a protección, prevención y control ambiental. Este nuevo texto, que reemplazará la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), será remitido al Parlamento de Andalucía para seguir con su tramitación.
La Legam responde a la necesidad de actualizar la legislación andaluza conforme a los cambios europeos y estatales de las últimas dos décadas. Integra reformas parciales y decretos de simplificación desde 2019 en un solo texto, dotando a la Junta de Andalucía de herramientas más ágiles y eficaces para enfrentar los desafíos ambientales y climáticos del siglo XXI.
Fruto de un proceso colaborativo con agentes sociales y económicos y parte del Pacto de Diálogo Social 2023, la ley busca avanzar hacia una gestión ambiental moderna y participativa. Desde el comienzo, la Junta ha promovido un proceso participativo en todas las provincias, involucrando a sindicatos, organizaciones empresariales, entidades locales y colectivos ambientales.
Este marco legislativo persigue reforzar la seguridad jurídica y agilizar pronunciamientos ambientales, reduciendo trámites administrativos, fomentando un desarrollo sostenible y la calidad de vida. Consolida principios de ecoeficiencia y transición hacia una economía verde y circular.
El texto se compone de 197 artículos, distribuidos en nueve títulos, añadiendo disposiciones adicionales y finales. Incluye desde gobernanza ambiental hasta control y responsabilidad medioambiental, estructurando un marco coherente con la normativa estatal y europea.
Entre las novedades, se crea la Estrategia Marco de Medio Ambiente y el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía, que sustituye al anterior consejo, promoviendo la coordinación interadministrativa para mejorar la calidad técnica de expedientes.
La participación ciudadana es central, con la introducción de un Registro de Participación Ciudadana en temas ambientales, facilitando transparencia y acceso a la información. Se promueve la corresponsabilidad entre administraciones, empresas y ciudadanía, fomentando convenios y colaboración público-privada.
Se amplían las funciones de las entidades colaboradoras de calidad ambiental y se reforma el nivel local con la nueva Licencia Ambiental. También se unifican categorías de instalaciones para coherencia y se simplifica la carga administrativa de los ayuntamientos.
La Legam reduce los tiempos de tramitación de autorizaciones ambientales, mejora la evaluación ambiental estratégica, y actualiza el régimen sancionador. Fomenta ecoinnovación, eficiencia tecnológica y economía circular, incentivando la reducción de impactos ambientales y el desarrollo del empleo verde en Andalucía.
Fuente: Junta de Andalucía.
