El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al Proyecto de Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA), una normativa destinada a fortalecer el sistema universitario público y mejorar la experiencia del estudiantado. Este proyecto de ley busca incrementar los derechos de los estudiantes, garantizar la financiación adecuada de las universidades y dificultar la creación de universidades privadas.
La LUPA se enfoca en blindar la igualdad de oportunidades para los estudiantes al introducir un sistema de bonificación de matrículas y reconocer derechos como la suspensión temporal de estudios o la conciliación académica-deportiva. También se instaura la exigencia del nivel B2 de un idioma extranjero para obtener un título universitario a partir de 2029.
Un elemento novedoso es el impulso hacia la accesibilidad a vivienda estudiantil y el fortalecimiento de la movilidad internacional a través de becas y ayudas. Además, se establecen mecanismos para la cobertura inmediata de la docencia y se amplían las funciones del Consejo Asesor de Estudiantes.
La ley promueve la formación continua mediante el reconocimiento de microcredenciales y títulos propios, y traza una estrategia de internacionalización en la que la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) jugará un papel clave. La normativa incluye medidas para estabilizar la carrera académica del profesorado, limitando el uso indebido de la figura de profesor sustituto interino y flexibilizando la compatibilidad de sus actividades.
En cuanto a la financiación, la LUPA propone un modelo común para todas las universidades públicas andaluzas, revisable cada cinco años, y regula la utilización de los remanentes no ejecutados. Se establece la presencia de un interventor para controlar las finanzas universitarias y se añaden criterios para el mantenimiento del patrimonio histórico en las inversiones.
Por primera vez, la ley regula los campus universitarios, establece un Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria y lanza un Observatorio de Datos. Además, refuerza el control sobre las universidades privadas, aumentando las exigencias para su creación y funcionamiento, como la obligatoriedad de destinar ingresos a becas e investigación.
Este proyecto de ley, consensuado con rectores y diversos agentes, se trasladará al Parlamento de Andalucía para su debate y aprobación, reemplazando el marco legal vigente desde 2013.
Fuente: Junta de Andalucía.
